La firma actualizará el registro catastral, la información geográfica y el sistema tributario. Los gremios municipales objetaron el arancel de la contratista y la cesión de información y de recursos humanos.
El Gobierno municipal de Paraná proyecta contratar una empresa privada, mediante una licitación, para actualizar el registro catastral, optimizar el sistema de información geográfica —para permitir una nueva dinámica en la planificación urbana— e informatizar y reprogramar el sistema de administración y recaudación tributaria del Municipio. En estos días, se estarían realizando los últimos ajustes al pliego de bases y condiciones, tras considerar una serie de observaciones de los gremios luego de que el borrador del pliego causara inquietud en diferentes reparticiones. “Se tomaron las observaciones de los gremios. Ahora se está terminando el pliego y es lo que se va a elevar (al Banco Nación)”, informó en el viernes el concejal Humberto Gracia, jefe de la bancada oficialista.
DE QUÉ SE TRATA. Lo que se busca con esta licitación es incorporar al municipio tecnología para —mediante el seguimiento a los contribuyentes y la reforma del sistema catastral— aumentar la recaudación. La contratación de la empresa que hará estas acciones se enmarca en el convenio de fideicomiso financiero y de administración que se celebró entre el Banco Nación y la Comuna en diciembre pasado. El objeto del fideicomiso estará constituído por el incremento en la recaudación de los tributos municipales que se registre como resultado del trabajo de la empresa. De esa masa de recursos —que se depositará en la entidad—, el Banco Nación percibirá una comisión en su función de fiduciario (ver Para destacar) y también se cobrará la firma que resulte elegida para prestar el servicio bajo la modalidad de contrato a “riesgo”.
SOBRE EL ARANCEL. Concretado el acuerdo con el Nación, el Ejecutivo municipal elaboró el pliego para la licitación, cuyo texto causó revuelo en las áreas municipales concernidas. Los gremios, entonces, se reunieron con los funcionarios para objetar algunas líneas del pliego. Primero apuntaron al arancel previsto para la contratista: de hasta el 30 % en función de los importes ingresados a la Tesorería municipal “correspondientes al pago de los tributos que se registren durante el período de vigencia del contrato”. Preguntaron, entonces, sobre la base de qué estudios se determinó ese arancel máximo.
Cuestionaron también que en el pliego no se haya considerado la suba de la recaudación que se dará por factores externos al trabajo de los privados, producto de la inflación (alrededor de 8 % anual) y el crecimiento de la economía (estimado en un 4 %). El solo impacto de estos dos índices en la Tasa Comercial —que se calcula sobre la facturación de los negocios— significaría un incremento de 48 millones de pesos en los próximos cuatro años, dinero que pasaría a engrosar el arancel de la contratista: 14 millones de pesos, según esta proyección.
Los gremios pidieron además que las subas de la Tasa Inmobiliaria y la Tasa por Servicios Sanitarios a partir de enero de 2006 (estimada en un 61% en total) “no sean computadas en el cálculo del incremento de la recaudación”, mientras dure el convenio con la contratista.
“CESIÓN DE DATOS”. También hubo reproches al contenido del artículo 8 del borrador del pliego. Ahí se establece la puesta a disposición de “todos los libros, documentos y archivos que la contratista solicite a fin de verificar y actualizar el cumplimiento del pago de impuestos, tasas, derechos y otras contribuciones por parte de los contribuyentes y en materia tributaria y catastral en general”. Lo mismo se objetó sobre el personal y equipamiento municipal, pues se ofrecen “indiscriminadamente” esos recursos para la ejecución del proyecto. Rechazaron la inclusión de procedimientos administrativos y de recaudación para su informatización, siendo que ya han sido informatizados por personal municipal, y se quejaron por la falta de participación en la elaboración del proyecto de la Dirección de Sistemas y Telecomunicaciones de la Comuna.
De acuerdo con lo que se informó oficialmente, los señalamientos fueron atendidos y en breve se iniciará el proceso licitatorio.
El dato
Duración. El plazo del fideicomiso será de 4 años y “podrá ser renovado en forma automática por períodos iguales”, consigna el convenio marco.
Costo. El Banco Nación, por su actuación como fiduciario (la Comuna actúa como fiduciante) “aplicará una comisión del 0,5 % más IVA sobre las sumas que ingresen al fideicomiso (incluyendo las rentas por colocaciones de fondos) con un mínimo de 20 mil pesos mensuales más IVA”.
“Para un mayor control,
eficiencia y planificación”
GASTÓN GRAND, SUBSECRETARIO DE PLANIFICACIÓN MUNICIPAL, dijo que el borrador del pliego se elaboró teniendo en cuenta experiencias de otros lugares del país y también de ciudades de Latinoamérica. “La idea es tener información actualizada permanentemente, porque es el insumo básico para poder planificar”, confió y añadió que los datos mejorarán la recaudación y harán posible una mayor justicia tributaria, en el sentido de que quienes “aumentan las superficies, tengan una posición diferente frente al tributo que los que no lo hacen”. Además, la intención es “castigar fuertemente la obra irregular” y “actualizar los avalúos en función de la calidad del metro cuadrado y no sólo del aumento de la superficie”, informó Grand. Además, con la entrada de la nueva empresa “se transformarán los sistemas administrativos, se capacitará al personal y se informatizará todo el municipio”, resumió. Con respecto al pliego, informó que hubo observaciones de parte de sectores de empleados y las atribuyó a que toda transformación causa reacciones. Por eso, entendió que hubo un impasse con el fin de generar consensos internos.
Una ordenanza “transitoria”
La ordenanza Tributaria 2006, que se aprobó después de que el Concejo respaldara el fideicomiso financiero y de administración con el Banco Nación, prevé la revaluación “técnica” de las propiedades, pero aumentó “transitoriamente” los avalúos hasta que se realice dicho estudio, que finalmente haría una empresa privada. Así, el artículo 3 de la ordenanza faculta al Departamento Ejecutivo a disponer “la realización de una valuación técnica” de la tierra libre de mejoras, así como de las mejoras, “en el transcurso del ejercicio fiscal del año 2006, y a aplicar las bases imponibles resultantes de dicha valuación para la liquidación de la tasa de este título a medida que concluyan los estudios por zonas”. Mientras tanto, fija un incremento “transitorio” del 38 % en el valor básico de los inmuebles ubicados en las zonas 1 a 4 y del 30 % en aquellos ubicados en las zonas 5 a 7.
– El Diario