El mandatario tandilense, además, destacó la necesidad de impulsar y concretar la creación del Polo Minero fuera de la Poligonal A. Y criticó nuevamente el Acuerdo Marco firmado en 2000 con las canteras privadas
El intendente de Tandil, Miguel Lunghi, calificó como «positiva» y «abierta» la reunión que ayer mantuvo con la ministra de Producción bonaerense, Débora Giorgi, con el objetivo de encontrar acuerdos en conjunto a la problemática de la explotación de las sierras por parte de las canteras privadas.
Además, el mandatario destacó la necesidad y el compromiso de impulsar la creación del Polo Minero de Tandil, proyecto con el que se concretaría el traslado de las canteras que actualmente están ubicadas en la denominado Poligonal A, en el casco urbano, a una zona aledaña al Poligonal B.
Igualmente, pese a la «buena predisposición y la buena intención de ambas partes», el mandatario prefirió ser prudente para hablar sobre los pasos a seguir, porque «todavía no hay nada concreto, ni se firmó ningún convenio»; además, «porque es un problema que tiene más de 40 años de historia en Tandil», dijo.
En tan sentido, Lunghi alertó sobre el riesgo que implica para el turismo de la región, área que representa «el 9 por ciento de los ingresos del municipio tandilense»; y para la población, a raíz de «las constantes roturas y fisuras que se producen en las viviendas» aledañas a la Poligonal A.
Además, denunció que el denominado Acuerdo Marco firmado en 2000 por los funcionarios que gobernaban en ese momento y las empresas privadas (a las que le condonaron más de la mitad de una deuda que mantenían por casi 5 millones de dólares) los condiciona porque «la ley vigente establece que los minerales de tercera categoría, a diferencia del oro, el cobre o el petróleo, que son patrimonios nacionales, son propiedad de los particulares que los extraen».
Al respecto, enfatizó que «el Acuerdo Marco es una verguenza» porque le dio «50 años de explotacion a las canteras privadas que hoy trabajan en la zona de la Poligonal A», con lo cual, a su entender, el Municipio se ve impedido de tomar la decisión de expropiar las tierras donde éstas funcionan por el costo de tener que abonar 45 años en concepto de indemnización a las privadas.
– HOY