Modelos de gestión: municipios participativos

De sus buenas o malas gestiones depende, en parte, que la vida de millones de argentinos sea más sencilla, más tranquila y, por qué no, incluso más feliz.

Ocuparse de que funcionen los semáforos, de que las plazas estén limpias y las veredas no estén destrozadas, de que haya rampas en las esquinas, de que se recolecte la basura todos los días a la misma hora y de que se agilicen los trámites para pagar patentes, infracciones y tasas son tareas consideradas menores por la «alta» política. Pero el trabajo de los 2172 intendentes de la Argentina, mayoritariamente ignotos excepto dentro de su comunidad, es esencial si se piensa en el fortalecimiento de las instituciones democráticas y en la tan mentada participación ciudadana, coinciden académicos y funcionarios abocados a la cuestión municipal.

Así y todo, la rendición de cuentas por parte de los funcionarios locales y su compromiso y apertura para que la comunidad se involucre más en los asuntos públicos no son tan frecuentes como cabría esperar. Hay muchas y prometedoras excepciones, claro. El municipio de Morón, con Martín Sabbatella a la cabeza, es el caso más conocido. Pero no es el único.

Sabbatella, al igual que otros 31 jefes comunales de municipios de todo el país participa en el programa de Auditoría Ciudadana que desarrolla la Subsecretaría para la Reforma Institucional y el Fortalecimiento de la Democracia, a cargo de Marta Oyhanarte. Mediante una herramienta de participación comunitaria y autoevaluación, el programa busca fortalecer la relación entre el Estado y la sociedad civil y emitir una opinión informada sobre la calidad de las prácticas democráticas municipales.

Los protagonistas del programa son la comunidad y su gobierno local, que se encuentran en un Foro Cívico donde acuerdan sus aspiraciones democráticas, las comparan con la realidad y buscan caminos para mejorarla. El equipo de la Subsecretaría enseña y contribuye al desarrollo de la metodología de la Auditoría, procesando los datos de una encuesta tipo y presentando los resultados en una audiencia pública, entre otras actividades.

«Vale la pena destacar -dice Oyhanarte- que se trata de un programa totalmente voluntario, que se ofrece a los gobiernos locales del país y que depende de la voluntad política del intendente y de su predisposición a introducir una herramienta de evaluación y participación en el seno de su comunidad.»

La funcionaria reconoce que hay una veintena de municipios que se postularon para participar y aún no pueden ser incluidos, básicamente por una cuestión de planificación del programa, que necesita una dedicación intensiva por parte del equipo técnico de la Subsecretaría y que al extenderse por ocho o nueve meses precisa ajustarse a un cronograma previamente establecido.

Según los planes oficiales, en las cuatro etapas del programa -que comenzó en 2003 y se extenderá al menos hasta 2007- se auditará la calidad de la democracia en cerca de un centenar de municipios, lo que representa una población de unos 13 millones de habitantes, el 30 por ciento de la población del país.

Mario Riorda, decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba, que desde hace años estudia la realidad municipal del país, rescata los aspectos positivos del programa de Auditoría Ciudadana, que a su entender «fomenta un interesante avance institucional», pero plantea dudas acerca de su proyección, por sus enormes costos y su magnitud. Por ejemplo, ¿qué sucederá con la gran mayoría de municipios del país, que tienen menos de 5000 habitantes y que no participarán del programa?

Algunos casos

De igual manera, otros académicos consultados consideraron que la iniciativa es buena, pero insuficiente como política municipal de una nación. Y también los intendentes que participan en el programa están conformes con sus resultados, aunque saben que ello sólo no cambiará la realidad municipal. Valen algunos testimonios como ejemplo de los municipios considerados más exitosos por Oyhanarte.

«Tengo cinco hijos y vivo en un country. Tras la crisis de 2001, me dije: o sigo construyendo el alambrado y preparo a mis chicos para que vayan a estudiar y vivir afuera o me meto e intento mejorar las cosas», cuenta Roberto Martínez Zavalía, un empresario que en 2003 llegó gracias a una coalición entre Recrear, el ARI y otros partidos a la intendencia de Yerba Buena, un municipio de unos 63.000 habitantes situado junto a la capital de Tucumán.

Aunque reconoce que suena a frase hecha, Martínez Zavalía afirma que los problemas y soluciones para su ciudad dependen de todos y no únicamente de los políticos. Y cuenta una anécdota: «Acá, en los countries, se pagaba la mitad de la tasa municipal. Eso es ilógico y decidí modificarlo, pero no se imagina la resistencia que tuve por parte del sector que está supuestamente mejor. Creo que hay que involucrarse más y terminar con eso de ´yo quiero que las cosas cambien, pero no quiero que toquen mis privilegios » .

En General Pico, municipio pampeano de unos 54.000 habitantes, los resultados de la encuesta incluida en la Auditoría Ciudadana evidencian que hay muchísimo por hacer para mejorar el funcionamiento de las instituciones. El 50% de los piquenses coincide en que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno, aunque el 56% dijo que estaría de acuerdo con que llegara al poder un gobierno autoritario si éste pudiera resolver los problemas del país en lo que hace a la seguridad y la economía. Además, el 61% considera que los piquenses conocen poco y nada sus derechos y el 63% opina lo mismo respecto a los deberes.

A partir de estos resultados, el intendente de General Pico, Luis «Cacho» Campo, un justicialista que ya fue reelegido dos veces, decidió mostrarle a la comunidad las infracciones que se cometen contra las normas de convivencia: publicó en los medios locales fotos de vecinos que sacan la basura fuera del horario permitido o estacionan en lugares prohibidos. Así, dice, bajó el incumplimiento de las normas y se generó una mayor conciencia.

En Firmat, un municipio de Santa Fe de unos 18.000 habitantes, los contribuyentes reciben desde hace un mes, con la tasa municipal, una invitación a participar del Foro Cívico que prevé el programa de Auditoría Ciudadana para la autoevaluación de la calidad democrática y para que se propongan acciones para mejorarla. «Creemos que este tipo de iniciativas sirve para sentarse a pensar entre todos qué ciudad queremos. El nuestro es un gobierno amplio y abierto a las críticas y estamos seguros de que hay que crear conciencia en la ciudadanía sobre la importancia de que participe y aporte ideas y soluciones», explica el intendente Carlos Torres.

El secretario de Gobierno, Cultura y Educación, Alfredo Menna, cuenta que entre otras iniciativas en Firmat se resolvió en enero pasado que los primeros 70 pesos que un motociclista debe pagar como multa por no utilizar el casco sean canjeables por un vale para retirarlo en cualquier comercio autorizado. «Así, nadie puede alegar que no usa casco porque no tiene», se jacta.

Más cerca de Buenos Aires, el municipio de Bragado, donde viven unos 40.000 habitantes, es un bastión radical donde representantes y representados parecen entenderse bastante bien. Orlando Costa es el intendente desde 1995 y asegura que esta ciudad bonaerense está hoy mucho mejor que en 2001, cuando además de la crisis institucional debieron superar importantes inundaciones que provocaron enfrentamientos de los funcionarios con los productores rurales.

«Como la realidad nos cambió para mejor, junto con los vecinos estamos haciendo una nueva agenda de desarrollo para Bragado. Y una muestra de madurez es que constituimos un Consorcio Vial Municipal, integrado por el Estado y por productores rurales para definir por consenso dónde se realizan los caminos. Así ya construimos 1300 kilómetros», cuenta Costa. A su entender, la descentralización del poder debería ser una prioridad del gobierno nacional. Y cree que es mucho más lo que se puede hacer a través de iniciativas como la de Auditoría Ciudadana.

Por Laura Zommer

Roberto Martínez Zavalía
Intendente de Yerba Buena

Roberto Martínez Zavalía es ingeniero agrónomo, tiene 47 años y antes de llegar en 2003 a la intendencia de Yerba Buena no había tenido ningún tipo de militancia político-partidaria. Señala que es independiente, admite que se lleva bien con el gobernador José Alperovich (PJ), pero afirma que no es oficialista ni opositor. Casado, tiene cinco hijos y dice ser un empresario exitoso, aunque asegura que en la función pública pierde plata y amigos. Antes de ser jefe comunal de esta ciudad pegada a San Miguel de Tucumán, donde el 38,4% de la población vive en la pobreza, había sido entre 2000 y 2003 presidente de la Sociedad Rural de Tucumán.

Llegó a la intendencia con una coalición que se desarmó cuando comenzó a tomar medidas para integrar a los habitantes de los barrios más carenciados. «Me dejaron solo», afirma. Martínez Zavalía destaca los avances logrados en la integración comunitaria gracias al programa de Auditoría Ciudadana. En las primeras reuniones del Foro Cívico, en el que participan 32 ONGs y vecinos autoconvocados, sólo se escuchaban quejas y críticas, pero ahora además se buscan soluciones conjuntas.

Orlando Costa
Intendente de Bragado

Orlando Costa es ingeniero, nació el 12 de noviembre de 1953 en la ciudad que gobierna desde hace más de una década y tiene una larga tradición en la Unión Cívica Radical (UCR). Con antecedentes como profesional en la industria, fue elegido en 1995 intendente de Bragado, una ciudad situada a 150 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, y reelegido en 1999 y 2003. Antes, entre 1989 y 1995, había sido concejal.

Casado, padre de tres hijos, Costa enfatiza la necesidad de tener una visión integral del desarrollo para la ciudad y plantea su gestión de gobierno como un desafío comunitario en el que la participación y el compromiso de los ciudadanos constituyen el principal aporte para lograrlo. Por eso, dice, el programa de Auditoría Ciudadana, que en Bragado se inició en marzo, «es un ejercicio interesante que seguramente ayudará a afianzar prácticas que ya venimos desarrollando». Entre otras actividades de acercamiento a la comunidad, Costa participa regularmente con su gabinete en audiencias públicas, responde correos electrónicos y los martes, de 20 a 21, atiende personalmente a los vecinos que llaman por teléfono.

Luis Alberto Campo
Intendente de General Pico

Luis Alberto Campo tiene 56 años, es contador público nacional y peronista. Casado con una docente y padre de dos hijas -una abogada y otra médica-, transita su tercer período al frente del Municipio de General Pico, ubicado en una zona agrícola y ganadera de La Pampa. Fue elegido jefe comunal en 1995, 1999 y 2003 y nadie se anima de asegurar que no volverá a presentarse en 2007.

Además de su trabajo profesional, hasta el golpe de Estado de 1976 se desempeñó en el Ente Provincial del Río Colorado, en el sur de La Pampa, y ya en el período democrático fue secretario de Hacienda de la Municipalidad de General Pico y diputado provincial entre 1991 y 1995.

En 2004, Campo aceptó participar en el programa de Auditoría Ciudadana, que concluyó a mediados del año último, «para saber cómo estamos parados» respecto de la sociedad. «Nos sirvió mucho y nos dejó muy claro qué debemos mejorar, entre otras cosas, la capacitación del personal y la comunicación, especialmente en lo vinculado con el presupuesto», precisa.

– La Nación. www.lanacion.com.ar/817590