Una sentencia firme compromete seriamente las finanzas de la comuna. Es un millón de pesos, producto de un juicio que hizo la AFIP por una retención de IVA en un crédito fiscal para obras de desagües pluviales cuando la gestión estaba en manos del justicialista Victorio Migliaro. El actual intendente del ARI, Edgardo Burgos, propondrá alguna alternativa de financiamiento: «Si no nos ayudan, la cifra es impagable para nosotros».
La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó recientemente un recurso extraordinario presentado por la Municipalidad de Salto (hoy a cargo del intendente del ARI, Edgardo Burgos), dejando firme una sentencia contra la comuna por el uso indebido de un crédito fiscal desde enero de 1993 hasta septiembre de 1995. En ese entonces, la gestión municipal estaba en manos del justicialista, Victorio Migliaro.
La deuda que debe afrontar la gestión arista, que en 1993 era de 295.592 pesos, hoy se triplicó debido a los intereses y a las instancias por las que pasó el juicio, alcanzando una cifra «impagable» para la actual administración: $1.000.000.
El fallo vigente de la Corte Suprema es a favor de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ex Dirección General Impositiva (DGI), que le reclama a Salto una deuda originada en ese entonces por la operación fiscal de una obra de desagüe pluvial, encargada a la Constructora Cesaratto, bajo la intendencia de Migliaro.
Para la Justicia, el Municipio de Salto utilizó ese crédito fiscal de manera indebida ya que en 1995 la DGI realizó inspecciones y detectó que no estaba toda la documentación respaldatoria de la obra pluvial.
Si bien en los papeles constaban las etapas de obras finalizadas y los pagos que se habían realizado, no existían las facturas de la constructora del empresario José Cesaratto que realizó la obra. Una vez realizado el reclamo, la DGI recibió las facturas, pero en las mismas no aparecía discriminado el IVA (solo decía «municipalidad exenta»)
Los periodos de crédito fiscal observados son de enero de 1993 a septiembre de 1995, periodo en que la comuna estuvo a cargo de los peronistas Victorio Migliaro y Ricardo Alessandro.
Al respecto, Sonia Zanotti (concejal en tiempos en que la comuna utilizó el crédito de manera indebida), explica que en 1995 la DGI realiza inspecciones en donde le informa al municipio que los periodos del IVA bajo verificación «son los comprendidos desde enero de 1993 a septiembre de 1995 inclusive».
«La verificación se realizó sobre servicios sanitarios prestados por la municipalidad con vencimientos bimestrales», y en esa ocasión se observó «el cómputo de créditos fiscales por obras de desagües pluviales sin IVA discriminado», por lo que se «procedió a impugnar los créditos fiscales imputados desde su origen en enero de 1993». La deuda empieza cuando el Municipio de Salto comienza a utilizar un crédito fiscal que no tenía.
En el año 1997, la Dirección General Impositiva actúa de oficio y comienza el juicio contra el municipio. En ese entonces, el intendente Ricardo Alessandro solicita al Concejo Deliberante la contratación de un conocido estudio (el de Raúl Gutman) para contestar la demanda que le inició la DGI por la utilización del crédito fiscal.
Los honorarios del Estudio Gutman fueron $60.000 y la ex concejal recuerda que «la contratación no fue votada por la oposición», pero con la aprobación del oficialismo el estudio se hizo cargo del caso y quedó demostrado que «existió un gobierno autoritario» que dejó «que el caso siguiera adelante cuando la DGI tenía todos los elementos para ganar el juicio».
Un cifra impagable
Ahora, teniendo que afrontar una deuda millonaria, gestada por quienes tuvieron a cargo el municipio en el transcurso de los años 90, el actual intendente Edgardo Burgos salió a explicar un cuadro de situación que desborda las finanzas de la comuna.
Para el jefe comunal el caso está impregnado de negligencia porque en su momento, cuando la DGI marcó el error, se «tendrían que haber llegado a un acuerdo para devolver el monto en cuestión»
«Si no nos ayudan, esta cifra es impagable para nosotros», subrayó Burgos, explicando que en la actualidad el municipio tiene «una inversión de ocho millones en sueldos, en mantenimiento de servicios básicos se van otros cinco millones y en bienes se invierte más de un millón por año».
Sobre las administraciones que precedieron a la suya y fueron artífices (por acción u omisión) de un fallo condenatorio para la comuna, Burgos advirtió que no sólo «dejaron de herencia (Migliaro y Alessandro) una planta de empleados sobredimensionada, sino también un parque automotor obsoleto y, ahora, una deuda como ésta».
«Es imposible para nosotros, en este momento, pagar eso. Vamos a tratar de hablar con la AFIP para proponerle algún tipo de financiamiento», advirtió el jefe comunal, agregando: «Nos vamos a perjudicar inexorablemente, porque es nuestra obligación pagar».
A la nueva deuda por $1.000.000, la gestión ya se hace cargo de un juicio por 600 mil pesos heredado de la gestión de Alessandro (el denominado Caso Peralta).
«El pasado nos altera la gestión desde el primer día y lo seguirá haciendo si siguen aparecen cosas como éstas», se lamentó Burgo.-
– HOY