La elaboración y la ejecución del presupuesto municipal deberá ceñirse de ahora en más a una pauta reglamentaria, según lo dispuesto en una norma que aprobó ayer el Deliberante.
El concejal Diego Breide (Encuentro) –coautor del proyecto junto a Andrés Martínez Infante– aseguró que la normativa garantizará «la evaluación constante de la gestión y la permanente publicidad y transparencia de los actos de gobierno».
Recordó que el municipio careció de presupuestos anuales entre 1997 y 2003. Y que el tratamiento del correspondiente al 2004 se vio entorpecido por omisiones y errores conceptuales que llevaron a los concejales de Encuentro a proponer una legislación que regule el proceso presupuestario.
El texto de la extensa ordenanza gira en torno de algunas ideas centrales como la elaboración del presupuesto por programas, el concepto de «base cero» y la consigna de trabajar con presupuestos «plurianuales».
Esto último en razón de que un cálculo de gastos y recursos de carácter anual «no es suficiente para cambios estructurales, ni para un plan de inversión pública, ni para los programas de acción social o para asegurar el plan de acción del gobierno», señalan la norma.El proyecto fue debatido en las comisiones de Economía y de Gobierno y Legales. Las disidencias más notorias surgieron con el artículo referido a las transferencias entre partidas.
Se impuso finalmente el criterio del bloque radical, que propuso autorizar al Ejecutivo a efectuar transferencias que no superen el 15% de los montos anuales aprobados en las partidas principales, aunque las deja «sin límite» en el caso de las partidas parciales. Encuentro y el PJ pretendían que estas últimas quedarán acotadas al 15%.
La ordenanza señala que el presupuesto no será sólo un mecanismo de control de los recursos y gastos sino un instrumento para la obtención de «resultados concretos», que puedan ser «fácilmente constatados».
Establece también que durante la ejecución del presupuesto, ante una restricción imprevista de los recursos los recortes no serán generalizados «selectivos» según una prioridad que debe estar preestablecida. La misma regla deberá seguirse en caso de un aumento presupuestario.
El articulado advierte que «una vez aprobado por el CD, el presupuesto de gastos será una autorización y un límite para gastar». También impone que la ordenanza respectiva incluya la cantidad de cargos de planta permanente y transitoria del municipio. Datos estos que hoy no aparecen en el presupuesto.
Una cláusula omitida en el proyecto original pero que fue agregada a pedido del oficialismo faculta a reservar en el presupuesto hasta un 10% del total de recursos como «crédito adicional», que el Ejecutivo podrá usar como refuerzo en la partida que desee.
Breide recordó que el municipio careció de presupuesto durante seis años y señaló que la base metodológica aprobada ayer «es una herramienta formal para que esto no vuelva a ocurrir».
– Río Negro