Una tensa disputa estalló en El Chaltén, entre el Ejecutivo Municipal, liderado por el intendente Néstor Ticó y el Concejo Deliberante, encabezado por la presidenta Jéssica Durán, en relación a la habilitación de un loteo en una zona que ha generado fuertes desacuerdos sobre su estado legal y ambiental.
Los concejales argumentan que esta urbanización violaría tanto las normativas locales como nacionales de protección del medio ambiente y critican la falta de presentación de un proyecto por parte del Ejecutivo. La presidenta del Concejo Deliberante, Jéssica Durán, ha expresado su preocupación por la forma en que el Ejecutivo ha manejado la situación, señalando que se ha generado un enfrentamiento social entre vecinos debido a la actitud del Intendente.
Por otro lado, el intendente Ticó ha sostenido que la fracción de terreno en cuestión queda fuera del área protegida y que, según la Ley 55 que rige a las municipalidades, no necesita la autorización del Concejo Deliberante para llevar a cabo la urbanización. Además, ha acusado a los concejales de obstruir la solución habitacional por motivos políticos, alegando que están buscando ventaja en las próximas elecciones municipales.
Guillermo Mignola, secretario de Políticas Sociales del Ejecutivo, ha respaldado la posición del Intendente, asegurando que el loteo no afectará la reserva natural y que la documentación necesaria ha sido presentada a los concejales. Mignola también ha acusado a los concejales de actuar por intereses políticos electorales y ha afirmado que, si es necesario, el Intendente abrirá la calle para el loteo sin la autorización del Concejo Deliberante.
Mientras la comunidad de El Chaltén se encuentra dividida entre quienes apoyan la urbanización para satisfacer la necesidad de viviendas y aquellos que insisten en la protección del área natural, el conflicto se intensifica con el enfoque de las elecciones municipales. La incertidumbre sobre el futuro de «La Lagunita» persiste, y los habitantes de la localidad esperan que se encuentre una solución que respete tanto las normativas ambientales como las necesidades de viviendas de la comunidad.
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