El proyecto surge de los pedidos por acciones efectivas contra los «dealers» por parte de familias residentes en Campo Santo, las cuales cuentan con hijos que lamentablemente cayeron en la red del flagelo de las adiciones. Esta enfermedad no solo afecta a la persona adicta, sino que todo su entorno familiar y social se ve afectado. La necesidad de conseguir dinero para la compra de la dosis diaria los obliga al robo, al hurto, algunos de ellos manipulando armas blancas o de fuego, generando inseguridad en la familia y el entorno, con el riesgo de consecuencias muchos más graves. Así se dio un asesinato que lamentable ocurrió meses atrás en El Bordo, donde una persona mayor perdió la vida al ser ultimado con un arma blanca por un grupo de jóvenes adictos en un intento de robo.

En principio, el fiscal penal de Güemes tenía facultades y competencias para investigar varios delitos, entre ellos el microtráfico de drogas. Con estas facultades podía actuar en forma más eficiente. En caso de un allanamiento, el fiscal pedía al juez de Garantías la autorización, pudiendo actuar con rapidez para encontrar in fraganti a los delincuentes. Con la quita de esta facultad se debe dar aviso al fiscal de Salta capital y esperar la orden.

Existe en Güemes una unidad contra el microtráfico y esa unidad policial no puede actuar sin la orden del fiscal de Salta. Todo está centralizado en un fiscal capitalino que se encuentra lejos de Gral. Güemes, ajeno a la problemática local, con una sobrecarga de casos por atender, que se transforma en un escollo en la lucha contra el tráfico y la venta de drogas. «Por todo lo que hemos expuesto, consideramos que sería conveniente, que esas facultades le sean restituidas a la fiscalía local, para que desde allí se pueda investigar con mayor rapidez y eficacia, con resultados positivos en cada actuación. Sabemos que el procurador de la Provincia es el jefe de los fiscales y quien debe tomar la decisión de restituir las competencias solicitadas en este proyecto de declaración», manifestó el presidente del Concejo Deliberante de Campo Santo Wadi Martínez, cuyo bloque, integrado por los concejales Jorge López y Susana Arce, tuvo a su cargo la iniciativa y elaboración del instrumento legal aprobado.