«Así como en el año 2017, en un contexto de crisis educativa en la provincia de Santa Cruz, el gobierno nacional decidió intervenir en el conflicto que mantenía el ejecutivo provincial con el sector sindical de los docentes, a fin de que los niños dejen de perder días de clase, solicitamos
ahora que se tomen medidas similares, que conduzcan a aquel fin que se persiguió durante dicho año», argumenta en su presentación la legisladora que días pasados se reunió con parte de la conducción de la ADOSAC quienes viajaron a CABA para visibilizar su reclamo.Recuerda que si bien ese año se destrabó el conflicto y se retomaron las clases luego de ochenta días sin actividad, los problemas estructurales de la Educación en Santa Cruz aun persisten, y hoy nuevamente la provincia administrada por Alicia Kirchner desde 2015 vuelve a estar sumida en un conflicto gremial que ya provocó que se perdiera la mitad de los días de clases del presente ciclo lectivo.Ayer la presidenta del Consejo de Educación, Cecilia Velázquez, calificó de desaprensivos a los docentes que hacen paro: «hasta cuando nuestra sociedad soportará este abuso», enfatizó la funcionaria. a Radio Nacional Río Turbio. Sus declaraciones alejan un poco más la posibilidad de que el gobierno y el gremio ADOSAC arriben a algún acuerdo que supere el conflicto.

«Lamentablemente no hay a la vista, por parte del poder ejecutivo y legislativo provincial, controlado por el oficialismo con mayoría automática, voluntad para resolver el conflicto en el corto o largo plazo«, sostiene la legisladora.

Dijo que también al estado edilicio de los establecimientos educativos en las distintas localidades del territorio atentan contra el normal desarrollo de la actividad escolar.

Reyes mencionó que esta profundización del conflicto, «ocasiona un daño irreparable en miles de niños y niñas que ven afectado su derecho a la educación, un derecho consagrado en la Constitución Nacional en su artículo 14, en la Convención sobre los Derechos del Niño en su artículo 28 y en la Ley N° 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en sus artículos 15, 16 y 25».

Con estos fundamentos pidió al gobierno, «garantizar y restablecer el derecho, en los términos antes mencionados, de los niños y adolescentes a la educación, que el Poder Ejecutivo de la Nación, a través del Ministerio de Educación y demás organismos que correspondieren, disponga las medidas que considere necesarias atendiendo a los antecedentes mencionados más arriba».

Reyes también pidió que cese la persecución del gobierno hacia los docentes.

Esta vez lo hizo a través de un Proyecto de Declaración en el que expresa su «profundo repudio y alta preocupación por la política educativa de persecución sistemática hacia los Gremios Docentes y hacia los Docentes en particular adoptada por el Gobierno de la provincia de Santa Cruz, que como consecuencia somete a 40 días sin clases a todos los niños y adolescentes».», dice la iniciativa en sus fundamentos.

Expresa que el Consejo Provincial de Educación y la gobernadora Alicia Kirchner, «decidieron llevar a cabo una política de desacreditación hacia el sector docente y hacia la educación pública en nuestra provincia. Además, ellos son amenazados por las autoridades del gobierno. El gremio docente está siendo perseguido a través de medios totalmente antisindicales que socavan el derecho a huelga», señala Reyes.

«La docencia en Santa Cruz ha sido y es para este gobierno el enemigo a vencer», expresó la diputada nacional.

La legisladora fue más a fondo en sus argumentaciones, y remarcó que «el conflicto salarial docente no es la única problemática que presenta la educación de Santa Cruz, donde hay aulas sin calefacción; escuelas sin agua o con fugas de gas; techos que se desprenden o se vuelan; falta de insumos; falta de conectividad y de útiles escolares; hacinamiento en las aulas; falta de comedores escolares y la copa de leche; escasez de personal docente y administrativo. Disposición de una “jornada extendida” y “jornada completa” que ha sido implementada de manera improvisada, sin planificación seria y que por lo tanto brinda más problemas que soluciones, entre otros», indicó la legisladora.

Junto a Roxana Reyes, firman el proyecto, los diputados Gabriela Lena, Karina Banfi, Gerardo Cipolini, Pamela Verasay, Marcela Coli, Gustavo Bouhid, Jorge Vara, Soledad Carrizo, y Lidia Ascarate