Cristina Kirchner logró uno de los objetivos que se había propuesto con su discurso del pasado viernes en la Universidad de Río Negro: instalar una nueva agenda de temas que cambiara el eje del debate, primero en la propia interna del Frente de Todos y, luego, a nivel nacional.
La primera fase ya está en plena ejecución, y empezó apenas un día después, con el acto militante que, bajo la consigna «Luche y vuelve», convocaron La Cámpora y agrupaciones afines. Pero, sobre todo, ya es bien visible en los principales espacios mediáticos y de debate técnico cercanos al kirchnerismo.
El tema que llamó la atención de inmediato fue, naturalmente, la mención explícita a la necesidad de una renegociación a fondo del acuerdo «stand by» que se firmó el año pasado con el Fondo Monetario Internacional.
Pero, también, se está hablando de otros puntos de la nueva agenda K, como un eventual endurecimiento del cepo, un nuevo marco regulatorio intervencionista sobre el comercio exterior, la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central y la nacionalización de recursos naturales como el litio.
La mención al acuerdo con el FMI fue uno de los pasajes más comentados en la interna, primero por la inesperada confesión de la vice, que rescata la imagen del ex ministro de economía, Martín Guzmán, y en cambio deja mal parado ante la militancia al presidente del Banco Central, Miguel Pesce. La «infidencia» de Cristina fue que, en un momento en que las negociaciones estaban trabajas con el staff del FMI, Pesce la fue a ver para transmitirle un pedido del propio Fondo: que ella intercediera ante lo que veían como una actitud obstinada e intransigente –»terca», fue el término que ella usó- en las negociaciones.
Así planteado el tema, Cristina deja entrever que si el acuerdo que finalmente se aprobó fue malo -al punto que ella se negó a apoyarlo en el Congreso y Alberto Fernández tuvo que salir a pedirle los votos a la oposición macrista-, tal vez podría haber sido peor, con un mayor grado de injerencia por parte del FMI o con metas más exigentes sobre ajuste fiscal.
Pero, yendo más allá de lo anecdótico, el planteo de Cristina dio el puntapié inicial para que en el debate del peronismo se discuta cuáles deben ser los términos de un nuevo acuerdo que ya se considera como inevitable. No es la mejor ayuda para el ministro de Economía, Sergio Massa, que en las últimas semanas dedicó sus esfuerzos a lograr una flexibilización en la meta de reservas, con el argumento de que la sequía haría imposible sostener el flujo de dólares necesario.
Massa mantuvo su promesa sobre el cumplimiento del resto de las metas, empezando por el déficit fiscal de 1,9% del PBI, lo cual supone que se respetará el tope de 1,6% para los subsidios estatales. Y todo lo cual implica que se seguirá adelante con las subas tarifarias, sobreponiéndose a las presiones internas del año electoral.
Presión K para atrasar el tipo de cambio
Y no es el único punto en el que el kirchnerismo puede complicar a Massa: a partir de Cristina, quedó oficializada una crítica que el kirchnerismo venía haciendo por lo bajo, respecto de la política de «alineación de las variables». Para Cristina, el sendero de que cada mes la tasa de devaluación sea mayor a la inflación, y a su vez la tasa de interés esté por encima de ambas, lleva a un empeoramiento de la crisis.
Su diagnóstico es que esa política es, en sí misma, inflacionaria, porque los precios tenderán a seguir a un dólar «sin ancla». Y que, además, las altas tasas de interés acentuarán el sesgo recesivo de la economía.
El lunes, ese tema ya estaba en el centro de los análisis políticos en los medios afines al kirchnerismo. Para Massa, que ese tema se instale en el debate público es un problema mayor, porque apunta a uno de los ejes conceptuales del FMI, que reniega de las anclas cambiarias y no quiere saber nada con una nueva acumulación de retraso cambiario.
La tensión se ha visto en el hecho de que en lo que va del año se quebró la tendencia del segundo semestre de 2022, y la inflación volvió a ubicarse por encima del «crawling peg» del dólar.
Esto refleja hasta qué punto se le puede complicar al equipo de Massa la continuidad del programa económico: el propio viceministro Gabriel Rubinstein había ratificado, hace pocas semanas, que se había dejado de lado la política de atrasar al crawling peg. Y agregó que, además, eso debería ir acompañado por una política de reducción del déficit fiscal.
De hecho, el propio Massa, después de explicar el canje de la deuda, también puso el énfasis en el recorte del gasto, y dijo que esa sería «el ancla» de la economía que devolvería la credibilidad del mercado sobre la capacidad de repago del Estado.
En fin, todos puntos sobre los cuales el kirchnerismo no sólo se ha mostrado discrepante sino que está dispuesto a dar la «batalla cultural». En su última «clase magistral» en Río Negro, Cristina Kirchner ratificó su creencia de que no existe una relación causal entre el déficit fiscal y la inflación.
Renegociación de la deuda «impagable»
Pero Cristina no se limitó a señalar los efectos recesivos del acuerdo con el FMI sino también sobre la extrema dificultad para afrontar el cronograma de vencimientos del próximo Gobierno. Fue una involuntaria coincidencia del kirchnerismo con los opositores que se quejaban de cómo Alberto Fernández -al presentar en 2020 el desahogo financiero tras canje de la deuda en dólares con los bancos privados- había tapado la parte del gráfico en la que se veía la acumulación de pagos del siguiente período.
Cristina le puso números a esa progresión, y en base a esas cifras el kirchnerismo debate cómo plantear el diálogo con el FMI. En los primeros dos años del nuevo gobierno, sólo por intereses habrá que desembolsar u$s3.500 millones. En el 2025 empieza la cancelación de capital para los privados, en una sucesión que llega a u$s23.000 millones en 2017.
Hay coincidencia sobre el diagnóstico: «es impagable», afirman los economistas del espacio K, que no oculta, por otra parte, su desagrado con la fórmula que encontró Massa para patear para después de las elecciones los vencimientos de la deuda en pesos con los bancos locales.
Hay un reproche en el ambiente por lo que se interpreta como un exceso de condiciones favorables hacia los bancos, incluyendo la elevada tasa de interés -estimada en 10 puntos por encima de la inflación- y la cláusula del «put» -que obliga al Banco Central a recomprar los bonos en cualquier momento que los bancos deseen-. Es otra, vez, un momento de coincidencia involuntaria con los economistas de Juntos por el Cambio que denunciaron la «bomba».
El litio y la agenda neo estatista
En el debate interno sobre la renegociación de la deuda, el punto que está introduciendo el kirchnerismo es si el FMI realmente tiene el objetivo de cobrar lo desembolsado en el acuerdo con Mauricio Macri o si, más bien, lo que pretende es un esquema de «roleo» permanente, al costo de que Argentina deba estar sujeta a ciertas condiciones macroeconómicas.
Concretamente, el fantasma que se está agitando por los referentes K es el de que, de la mano de una posición más débil de Argentina ante los organismos internacionales, cuente con menos margen de decisión propia para gestionar los dólares producidos por los recursos naturales.
Por eso Cristina retomó el tema del marco regulatorio en el que se desarrollarán las actividades extractivas. «Es imprescindible el cambio de actitud, ponerse de acuerdo en lo fundamental. Porque si no, podremos tener 20 Vaca Muerta, 80 mil toneladas de litio, pero nos van a seguir faltando dólares y, fundamentalmente, le tengo mucho temor a la fragmentación política», definió Cristina-.
Al día siguiente, Máximo Kirchner dijo a los militantes que había que defender la consigan de «que los argentinos realmente disfruten de su tierra, su riqueza, de sus ríos. Argentina para los argentinos«.
Es una postura que adelanta el argumento que viene: el kirchnerismo denuncia que en Estados Unidos se plantean una pelea con China por los recursos de litio de Argentina como si fuera un territorio cuya propiedad fuera a disputarse entre ambas potencias.
El kirchnerismo cuenta desde hace meses con encuestas de opinión pública, realizadas por el consultor español Alfredo Serrano Mancilla, que afirma que, a diferencia de lo que se suele plantear en los medios de comunicación, no hay una tendencia a la «derechización» ni existe una mayoría social que esté reclamando el regreso de los principios liberales y privatistas de los años ’90.
Más bien al contrario, su investigación observó una decidida preferencia por la gestión estatal en los recursos naturales. Por ejemplo, en el tema del litio, una mayoría de 52,2% cree que se debería avanzar a un régimen de nacionalización, mientras un 32,4% cree que su gestión sería más eficiente en manos de los privados.
Es un tema que se va imponiendo en la agenda, al punto que el diputado Juan Marino planteó que Argentina imite la decisión del gobierno mexicano, que decretó la nacionalización del litio con el argumento de que era la forma de garantizar que el recurso pudiera ser industrializado en el país.
¿Un nuevo torniquete al cepo?
En todo caso, el debate lleva al tema inexorable sobre el rol -protagónico, según el kirchnerismo- que le cabe al Estado en la gestión del comercio exterior. Desde hace tiempo -sobre todo tras la frustrada estatización de la cerealera Vicentin– en el kirchnerismo se escuchan insinuaciones sobre la recreación del legendario IAPI de Juan Perón.
Cristina no llegó tan lejos en su propuesta, pero expresó con claridad que se requiere un nivel de intervención estatal mucho más alto que el actual. Y no sólo pone el foco en el comercio exterior sino en el funcionamiento del Banco Central, un tema que la irrita particularmente.
Desde hace un año Cristina comenzó su cruzada contra la entrega de divisas a las empresas que deben cancelar deudas financieras, y el punto más alto de esa crítica llegó en su propuesta de reformar la Carta Orgánica del BCRA.
Curiosamente, es un punto en el que el denostado Martín Guzmán había coincidido con la vicepresidente. El ex ministro recordó que en 2020 él propuso venderles a los empresarios endeudados un dólar más caro que el oficial, pero se impuso la visión de Pesce, que consistió en una reestructuración para las empresas que tuvieran vencimientos mayores a u$s1 millón mensual. La medida imponía un tope de 40% para cancelar, mientras el restante 60% se refinanciaba a un plazo promedio de dos años.
Pero la medida no logró impedir una salida masiva de divisas por cancelaciones de deuda, y Guzmán siempre se encargó de recordar que, en ese momento, el kirchnerismo apoyó la postura de Pesce y no la suya.
Acaso haya llegado la hora de que, también en ese punto, Cristina decida reivindicar al ex funcionario. Por lo pronto, no solamente se debate sobre la nueva Carta Orgánica para el año próximo, sino que también se discute sobre si será necesario un endurecimiento del cepo cambiario ahora mismo, como consecuencia de la crisis del campo.
Ante el recorte en el ingreso de divisas por el efecto de la sequía, la preocupación central es que esos billetes no se vayan a actividades consideradas no prioritarias. Es decir, todas las que no sean importación de insumos para la industria.