Una encuesta difundida recientemente a nivel nacional arrojó que la mayoría de las empresas considera que es más probable que la presión impositiva durante 2023 aumente a que continúe en el nivel que se encuentra actualmente. Los consultados dijeron que ven nula la probabilidad de un alivio fiscal debido a que las políticas del gobierno en materia de gasto público no se han modificado en ningún aspecto y que, por el contrario, peligran con profundizarse en vinculación al año electoral que se ha comenzado a transitar, en el que se prevé no habrá una reducción del gasto público.

Para los ejecutivos de las principales empresas del país y expertos en impuestos, la mayoría de las empresas argentinas se vieron el año pasado obligadas a desinvertir o se limitaron a mantener inversiones ya realizadas. Esta situación, sumada a la fuerte carga impositiva que soportan, las coloca en una situación muy complicada, con pocas posibilidades de salir delante de una manera genuina.

Uno de los impuestos con mayor incidencia negativa en la producción y que, consecuentemente afecta a la economía es el de Ingresos Brutos. Lo consideran el tributo más gravoso, aunque se sabe que hay otros impuestos que también inciden decisivamente en las empresas, como el de Ganancias, el Impuesto al Valor Agregado (IVA), Monotributo, Impuesto a los créditos y débitos bancarios, o «impuesto al cheque».

Se considera que el año electoral debería ser propicio para promover un debate en torno a los efectos que está provocando la presión impositiva en el funcionamiento de las empresas, como también en relación a la sustentabilidad del sistema tributario argentino, que como ya se ha dicho en numerosas ocasiones es uno de los más gravosos de Latinoamérica y del mundo.

La mayoría de los expertos coincide en que el país está muy lejos de la posibilidad de alcanzar una reforma fiscal que haga foco en la productividad y en el desarrollo, desactivando por ejemplo la superposición de regímenes de recaudación de la Nación con los de las provincias. Los impuestos nacionales, provinciales y municipales conviven y afectan a los pequeños empresarios obstaculizando su desarrollo y la consecuente inversión y generación de empleo e incentivando la informalidad.

La incidencia en los precios y en los planes de inversión que ha tenido la presión fiscal ha obligado a la mayoría de las empresas a desinvertir, o en el mejor de los casos a mantener las inversiones ya efectuadas. Sólo un pequeño porcentaje de empresarios, muy ínfimo, se anima a decir que en este período logró concretar un plan de expansión e inversión.

Ante esta situación y como una salida a la acuciante situación por la que se atraviesa es indispensable diseñar un sistema tributario orientado a pequeñas y medianas firmas y microemprendimientos más simple y equilibrado. En este marco, la experiencia internacional nos ofrece una buena guía hacia la centralización de la recaudación impositiva en pocos impuestos de fácil aplicación y fiscalización, que permitan reducir la evasión.

Diario de Cuyo