Rafaela. ¿Se viene un veto propositivo a la ordenanza del límite agronómico?

Por el momento solo se trata de un rumor que empezó a correr con fuerza el día después de la aprobación de la nueva norma sobre la zona periurbana de exclusión de uso de fitosanitarios, que no fue posible confirmar ni descartar.

Luego de casi de dos años de marchas y contramarchas, discusiones e intentos y gestiones para evitar su tratamiento, finalmente en la mañana del pasado jueves, el cuerpo legislativo local aprobó, con algunas leves modificaciones, pero manteniendo los 200 metros en los que está prohibido el uso de agroquímicos, el nuevo encuadre legal, aunque el debate, por las irreconciliables posturas que dividen a la gente de campo y los ambientalistas, lejos está de quedar saldada y muchos sostienen que, más bien, recién se inicia y hasta puede terminar en la justicia.
Como es sabido, quién movió el avispero fue la concejal Brenda Vimo cuando hace dos años anunció que iba a presentar un proyecto para correr el límite agronómico de los actuales 200 metros hasta los 1.000 y de entrada nomás obtuvo el ferviente apoyo de los grupos proteccionistas de la naturaleza, pero los productores tomaron la iniciativa de la edil justicialista como una provocación, que en el fondo escondía cuestiones ideológicas más que sanitarias y ambientales, en un nuevo episodio de lo que entienden es una guerra fría con el sector más relevante del gobierno nacional y con el cual mantiene una vieja disputa.
Más allá de que la ordenanza que vio la luz en el Concejo apaciguó los ánimos del sector rural, todavía podría haber algún que otro sobresalto porque alguna de las modificaciones no ajustaría a las leyes que regulan las cuestiones medioambientales, y ésta, tal vez, podría ser la causa de un futuro veto del intendente, Luis Castellano.
Concretamente, el punto por donde podría ser atacada legalmente la ordenanza radica en lo que en Derecho Ambiental se conoce como “principio de no regresión”, que implica que cuando se logra un progreso en cuestiones medio ambientales no se puede volver atrás y tiene el valor de derechos adquiridos.
En el proyecto aprobado, de Leonardo Viotti, se establece que en los primeros 50 metros no se permite ninguna aplicación para atacar plagas, pero sí en los siguientes 150 metros con productos biológicos del 50%, para recuperar hectáreas en base a la agroecología.
En función de ello, el autor de la norma local que recientemente vio la luz en el Concejo entiende que “no es un retroceso y sí lo sería si se permitiera aplicar productos químicos donde antes no se podía. Pero, el biológico no es el problema sino que es parte de la solución”.
La controversia se plantea también en que el Senasa (Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria) no divide lo químico de lo biológico, porque se maneja con una legislación no actualizadas, entonces es muy probable que la ordenanza pueda ser judicializada para que determine si viola o no leyes nacionales, pero para evitar llegar a esa instancia podría aplicarse el veto.
Por el momento fueron vanos los intentos por conocer si el Ejecutivo ya está en conocimiento de esta situación y si recurrirá a esa herramienta en caso de ser necesario.
Hasta ahora, todas las fuentes consultadas fueron cautas a la hora de las respuestas indicando que primero tiene que “bajar” la Ordenanza -se concretará el lunes- y luego ser revisada por la Fiscalía municipal, órgano que se expedirá y recomendará los pasos a seguir.
A su vez, hay coincidencia de que en caso de aplicarse el veto tendrá carácter “propositivo” y será consensuado con los concejales. Igualmente, y siempre en el terreno de las conjeturas, se puede especular que se esperará a que el Cuerpo legislativo tenga su nueva conformación a partir del 10 de diciembre, cuando la oposición perderá la mayoría absoluta y con ello la capacidad de rechazar el veto del Intendente. Si la norma ingresa el lunes al Ejecutivo, el Intendente dispone de 10 días hábiles para efectuar el veto total o parcial.

IRRESPETUOSO

Consultado el autor del proyecto de límite urbano que fue aprobado, Leonardo Viotti, sobre los trascendidos que hablan de la posibilidad de un veto a la ordenanza, no ocultó su malestar y volvió a lamentar que el Departamento Ejecutivo “no haya participado cuando fue llamado para dar su opinión ni en el armado de la misma porque ahora deben ponerla en práctica, es verdaderamente una lástima”. “Seguramente, hay cosas que se pueden mejorar, que son perfectibles, pero si el Intendente hubiera permitido que sus funcionarios formen parte del proceso ahora estaríamos mucho más avanzados. Esperaremos la decisión de Castellano para saber si la va a aplicar como salió o quiere modificarla a través de un veto, lo que nos parecería sumamente irrespetuoso que se haga de esta manera no haya sido como planteamos desde un principio para que sea un trabajo conjunto. Pero esquivó tener que tomar alguna definición, prefirieron ser ajenos a la discusión. Y esto también es para el Gobierno provincial porque también invitamos al ministro (Daniel) Costamagna, al senador (Alcides) Calvo, que también tiene responsabilidad en el tema, pero ninguno quiso formar parte de la discusión. Tuvimos que hacernos cargo los concejales que somos el organismo con menos recursos, y, a pesar de las distintas posturas que la sacamos” sostuvo el edil opositor.

REPERCUSIONES DE LA ORDENANZA

Tal como se preveía, la decisión que iba a adoptar el Concejo Municipal sobre el corrimiento del límite agronómico tenía depositado los ojos de toda la ruralidad de la región y se puede decir de la de gran parte del país, porque de haberse impuesto una zona de exclusión de fitosanitarios de 1.000 metros podría haber provocado un efecto dominó que se replicaría en muchísimos lugares con el perjuicio que eso acarrearía a las economías.
Vale recordar, para tener un dimensión de hasta qué nivel generó inquietud lo que se iba a debatir en el Cuerpo local que la Bolsa de Comercio de Rosario reclamó “un debate integral y técnico abordando las evidencias científicas y fuentes de organismos e instituciones abocados a la temática, en pos de lograr acuerdos que beneficien a la sociedad en su conjunto”, al tiempo que mostró preocupación “en lograr alimentos de manera sostenible, preservando los recursos naturales y la seguridad de las personas.
“El tratamiento de un proyecto presentado en el Concejo Municipal de Rafaela, mediante el cual se propone modificar la extensión de las distancias de las zonas urbanas y suburbanas para la aplicación de fitosanitarios, requiere particular atención”, sostuvo la BCR en un comunicado.
La inmensa expectativa se vio reflejada en la cantidad de medios, incluso fuera de los límites provinciales que levantaron la información y los que también se pusieron en contacto con los actores locales, en particular el autor de la iniciativa que se impuso.
Sin dudas que la prensa que mayor despliegue le dio al tema fue la especializada y por el ejemplo el portal bichosdecampo.com tituló: “Con biológicos, controles y banda verde, Rafaela finalmente logró una ordenanza racional sobre límites a los agroquímicos”; en tanto que news.agrofy.com.ar encabeza el texto con: “Agroquímicos: cómo fue la discusión y qué se definió en el Concejo de Rafaela” y en el suplemento Campo Litoral de diario El Litoral se resalta: “Productores rafaelinos celebran: esta pampa nunca dejará de ser gringa” y en la bajada se lee: “Las familias que se organizaron para resistir el proyecto que pretendía prohibir el uso de fitosanitarios saludaron y agradecieron a la comunidad que los protegió”.
Hablando de expresar el sentimiento de la gente de campo, en un recinto del Concejo con gran presencia de productores, muchos de ellos envueltos en banderas argentinas, como es costumbre en cada movida, se los vio a Marcos Delfabro y Fernando Belinde dos que en último tiempo se convirtieron en calificados voceros a la hora defender los intereses del sector con un lenguaje claro, preciso y entrador, una virtud que no es fácil de encontrar a la hora de comunicar las cuestiones vinculadas a la actividad rural y los proyecta a futuro con un horizonte de posibilidades

– La Opinión