En un mundo en el que nadie regala nada, hay países que se preocupan por mejorar en sus ventajas competitivas. Son los que tienen una visión de largo plazo. Pueden alternar entre distintas corrientes de pensamiento o visiones sobre el mundo, pero en lo esencial no cambian. Como se sabe, no es el caso argentino. Lamentablemente.
La producción agroindustrial se desarrolla en ese contexto y suele competir con la “cancha inclinada”. Países con cadenas productivas similares tienen reglas estables de largo plazo y se dedican a enfrentar los riesgos esenciales de la actividad: clima y mercados.
La incógnita que en estos días los analistas económicos y políticos tratan de develar es si el país firmará un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y, finalmente, habrá un programa económico.
Para el agro la cuestión es clave porque de estas definiciones dependen, entre otros puntos, el tipo de cambio y el nivel de los derechos de exportación. En el Consejo Agroindustrial Argentino (CAA), por ejemplo, aguardan que se cumpla la promesa que alguna vez les hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, que cuando se despeje el acuerdo con el FMI se iba a analizar la cuestión de las retenciones. El presidente de la Bolsa de Cereales y coordinador del CAA, José Martins, recordó que el Consejo promueve un cronograma de reducción gradual de las retenciones a los grandes cultivos en un plazo de diez años, hasta su completa eliminación. Al mismo tiempo señaló, para aclarar algo que se expresó en este espacio, que el CAA también propone la eliminación inmediata de las retenciones a las economías regionales y la baja general de impuestos y tasas.
Por su parte, para Juan Manuel Garzón, economista de la Fundación Mediterránea, “tiene que haber un programa de reducción gradual de las retenciones”, y destaca: “lo que hizo el anterior gobierno fue correcto”.
No obstante, reconoce que hay una gran incertidumbre sobre lo que finalmente hará el Gobierno. “Para cualquier analista es difícil trazar escenarios”, señala.
Uno de los interrogantes es si una eventual devaluación del dólar oficial viene acompañada por una suba de las retenciones. “Quizás un productor de granos termine mejor si suben unos pocos puntos y hay una devaluación de 20 o 30%, pero a un tambero o productor porcino, por ejemplo, le va a pegar de lleno en sus costos”, observa. Aun así, puntualiza que los derechos de exportación siempre desincentivan a la producción.
El otro punto que abre interrogantes es la presión que se ejerce desde el kirchnerismo más duro por la imposición de un esquema de “desacople” entre precios locales e internacionales. El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, habló de la necesidad de establecer un fideicomiso, similar al que existe con el aceite, para las carnes y el pan.
Garzón explica que un esquema de esas características es similar a un impuesto a la exportación y que representaría un incremento de costos para el sector. “Los exportadores no pueden asumir el costo, lo trasladan a los productores”, destaca.
El otro riesgo que entraña es que se favorece la colusión de los exportadores. “Se van a poner de acuerdo para pagar menos”, señala y recuerda: “En Estados Unidos, si el organismo antimonopolio demuestra que se han tomado decisiones parecidas, encuentra una causa suficiente para llevar adelante una acción judicial”, destaca.
Esta preocupación también va ganando otros ámbitos. Unos 14 diputados de Juntos por el Cambio presentaron en el Congreso un pedido al Poder Ejecutivo para que informe si está interviniendo los mercados de trigo y maíz. En el escrito interrogan “si existe o ha existido durante el año en curso alguna restricción, limitación, cupo, cuota o el establecimiento de volúmenes predeterminados para el registro de Declaraciones Juradas de Venta al Exterior (DJVE) de Trigo Pan y/o Maíz tanto de la campaña 2020/21, como de la 2021/22″.
También la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) expresó esta semana su preocupación por la situación del mercado de granos. La entidad rural señaló que por los “acuerdos tácitos” de comercialización “el productor obtiene un menor precio que el que debería recibir finalmente”.
Carbap advirtió que se repite “la historia ocurrida a partir del 2007 desincentivando el cultivo de trigo”. Quizás ahora esto no se vea por el récord de producción de la actual cosecha. Pero la advertencia vale ser tenida en cuenta.
Cristian Mira
Cristian Mira – LA NACIÓN Campo