Con impacto en el agro: se acercan las elecciones y el Congreso apresuró el tratamiento de varios temas pendientes

A menos de dos semanas de las elecciones legislativas que tendrán lugar el próximo 14 de noviembre, el Congreso activó sus funciones en ambas cámaras. El sector agropecuario cosechó algunas victorias, entre ellas la prórroga de la Ley Ovina -que se encontraba vencida desde abril de este año-, la jubilación anticipada para los trabajadores viñateros y cambios en las mensualidades de los contratistas del mismo sector. Entre los temas, también se aprobó la Ley de Etiquetado y la suba del mínimo no imponible de Bienes Personales.

El trabajo en la Cámara de Diputados
Luego de un intento de sesión fallida en la que no se obtuvo el quórum necesario, oficialismo y oposición acordaron avanzar en un temario consensuado, en un encuentro que duró casi 24 horas, y sancionar con fuerza de ley varios proyectos pendientes. El tema que más tratamiento adquirió fue el de Etiquetado Frontal de Alimentos, cuyo debate se extendió por casi ocho horas y convocó a distintas organizaciones de la sociedad civil.

Si bien contaba con media sanción de la Cámara Alta desde octubre del año pasado, su tratamiento se había demorado, pero finalmente fue aprobado por 200 votos a favor, 12 en contra y 16 abstenciones.

Entre sus puntos clave está la instalación de sellos de advertencia de color negro en forma octogonal, que indicaran los excesos de calorías, azúcares, sodio y grasas que contengan alimentos y bebidas. Dichos productos tendrán prohibida su publicidad y promoción, y no podrán venderse en las escuelas. Las industrias tendrán un plazo de seis meses para adaptarse a la ley desde su publicación en el Boletín Oficial y habrá sanciones para quienes no cumplan.

También se discutió la tan esperada Ley Ovina, que también recibió su sanción definitiva por 182 votos a favor y dos en contra. El proyecto modifica el objetivo del Régimen, pasando de la recuperación de la ganadería ovina a la promoción del desarrollo integral de la cadena ovina y de llamas, y asigna una suma anual de $850 millones para su implementación, por un plazo de 10 años.

De ese monto, un porcentaje no menor al 50% será destinado al Programa para el Mejoramiento de la Calidad de la Lana (PROLANA) y al Programa Nacional de Fomento del Consumo de Carne Ovina. Se dispuso además la creación de una Comisión Asesora Técnica del Régimen para la Promoción, Desarrollo y Consolidación de la Ganadería Ovina y de Llamas (CAT), la cual estará presidida por el ministro del área e integrada por representantes de distintos sectores.

Finalmente se discutieron nuevos beneficios para trabajadores de las viñas y se aprobó un proyecto de baja de la edad jubilatoria, que quedó en 57 años para quienes acrediten 25 de aportes, y un cambio en el régimen de mensualidades que cobran los contratistas. La votación fue por 173 votos afirmativos y 23 abstenciones.

Esta iniciativa impactará sobre un universo de 38 mil personas que viven de esta actividad, de los cuales entre el 60% y 65% se encuentran en Mendoza. Además de esta provincia, resultarán beneficiadas San Luis, San Juan y Salta.

El trabajo en el Senado
Los integrantes de la Cámara Alta también se reunieron en forma presencial para tratar algunos temas pendientes, y le otorgaron media sanción al proyecto de ley de Emergencia de Tierras Indígenas y a la suba del mínimo no imponible para Bienes Personales.

En el primer caso, por 43 votos afirmativos, 2 negativos y 7 abstenciones se prorrogó hasta el 2025 la ley 26.160, que suspende los desalojos de comunidades indígenas hasta que se finalice el proceso de relevamiento catastral de las tierras, proceso que viene por demás demorado. También contempla una asignación de 290 millones de pesos al fondo de ejecución de la norma.

Por otro lado, por unanimidad se aprobó la suba del mínimo no imponible del impuesto sobre los Bienes Personales. Se modificó el artículo 24 de la Ley 27.480 para establecer que no pagarán ese tributo las personas que posean bienes con valores iguales o inferiores a 6 millones de pesos. Actualmente el monto estimado es de 2 millones de pesos.

Además, indica que de tratarse de inmuebles destinados al uso habitacional del contribuyente, o del causante en el caso de sucesiones indivisas, no estarán alcanzados por el impuesto cuando resulten iguales o inferiores a 30 millones de pesos.

El beneficio alcanza a las personas humanas, que incluye aquellas que son titulares de empresas unipersonales agropecuarias (pymes): aquellos productores agropecuarios que, hoy siendo monotributistas o inscriptos en ganancias PYME, lograrían que el capital de la empresa unipersonal dejara de estar alcanzado por este impuesto; o bien podría quedar alcanzado a una escala menor.

Ambos proyectos fueron girados a la Cámara de Diputados para su sanción definitiva.

*La autora es Directora Ejecutiva de la Fundación Barbechando

Florencia Ricchiuti – Agrofy News