El Diagnóstico de Necesidades Jurídicas Insatisfechas y de Niveles de Acceso a la Justicia revela que el 65% de los argentinos considera que el sistema judicial está poco o nada pensado para resolver sus conflictos legales. El padecimiento del delito se postula como la situación problemática más frecuente.
Ser víctima de un delito; sufrir un perjuicio como consumidor; carecer de cobertura sanitaria; experimentar una dificultad laboral, por ejemplo, un despido o informalidad; perder la vivienda o no poder llegar a ella; quedar atrapado en la violencia intrafamiliar; estar tapado por las deudas; sentir una discriminación; no encontrar vacantes para la escuela, etcétera. ¿Qué tienen en común estas situaciones? Todas son problemas legales, según el Diagnóstico de Necesidades Jurídicas Insatisfechas y de Niveles de Acceso a la Justicia. Este estudio oficial, el primero de su tipo en el país, midió el impacto de 82 conflictos de derecho. Entre sus hallazgos más significativos consta que sólo el 20% de la población cree que es útil llevar sus problemas a la Justicia -ver tabla 4-.
Siete de cada 10 ciudadanos tuvieron un problema legal en los últimos años: esta circunstancia coloca a Argentina en el segundo puesto del ranking de conflictividad que reúne a las 22 naciones que miden las necesidades jurídicas insatisfechas. El país se integró a este grupo a finales del año pasado, a partir de la encuesta desarrollada por el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos de la Nación en cooperación con la Universidad de Buenos Aires.
“No es un ejercicio académico sino práctico. Queremos saber en qué medida la comunidad dispone de los canales adecuados para resolver sus problemas legales. Estos datos nos permitirán promover las políticas públicas para materializar el acceso a la justicia”, explicó el funcionario nacional Gustavo Maurino este jueves en el acto de presentación del informe en el Colegio de Abogados de la Capital. El director nacional de Promoción y Fortalecimiento para el Acceso a la Justicia compartió el estrado con Carolina Vargas Aignasse, secretaria de Gobierno y Justicia de la provincia, y con el presidente de la entidad anfitriona, Marcelo Billone. Luego expusieron María Victoria Gama, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y Martín Zapiola Guerrico, directivo de la Comisión Pro Bono (se informa por separado).
El diagnóstico comprendió 2.800 entrevistas a individuos mayores de 16 años residentes en hogares de 103 localidades que abarcan todas las provincias y la capital. Los resultados reconocen un error de más o menos el 2,3% global para un nivel de confianza del 95%. En cuanto a las conclusiones generales, Gama dijo que advertía una concatenación: “los problemas legales no vienen solos. Hay una alta correlación porque se identifican tres problemas por encuestado entre 2013 y 2016”. El 29% dijo haber sido víctima de un delito: es el conflicto más frecuente. Luego aparecen las dificultades de derecho del consumidor (24,5%); de salud (20,7%); de trabajo (19%) y de vivienda (15%) -ver tabla 5-.
El 65,3% desconoce dónde obtener asesoramiento jurídico gratuito -ver gráfico 2- mientras que el 51,7% afirma que permanece el problema originado en los últimos tres años -ver gráfico 3-. El 65% dice que el sistema judicial argentino está poco o nada preparado para resolver sus conflictos -gráfico 1- mientras que el 27% entiende que las adversidades legales que enfrenta son producto de vivir en un país injusto.
EL TEMA EN TUCUMÁN VARGAS AIGNASSE DIJO QUE HABRÁ UN ESTUDIO LOCAL DE NECESIDADES JURÍDICAS INSATISFECHASLa secretaria de Gobierno y de Justicia de la provincia, Carolina Vargas Aignasse, prometió este jueves, durante la presentación del Diagnóstico de Necesidades Jurídicas Insatisfechas de la Nación, que Tucumán hará su propio estudio. Vargas Aignasse explicó en el Colegio de Abogados de la Capital, institución a la que elogió por su prestigio y a la que dijo pertenecer por su condición de abogada, que su intención era canalizar esta medición permanente por medio de la Dirección de Estadísticas. También comentó que existía un interés al respecto en la comisión legislativa encargada de elaborar el anteproyecto de reforma procesal civil. “(El director nacional Gustavo) Maurino nos metió en esta temática desde el comienzo de la gestión y esperamos presentar nuestro diagnóstico pronto”, anheló. BILLONE EXPRESÓ QUE EL ACCESO A LA JUSTICIA ES UNA PRIORIDAD PARA SU ENTIDAD INTERMEDIAMarcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, dijo que el acceso a la justicia es prioritario para su institución, y explicó que este consiste en la posibilidad de resolver los conflictos en un tiempo oportuno. Billone añadió el jueves pasado que la falta de respuestas institucionales abonaba la anomia y la violencia. “Hay gente convencida de que no debe obedecer el derecho que le ha dado la espalda”, observó.
EL TEMA EN TUCUMÁN
VARGAS AIGNASSE DIJO QUE HABRÁ UN ESTUDIO LOCAL DE NECESIDADES JURÍDICAS INSATISFECHAS
La secretaria de Gobierno y de Justicia de la provincia, Carolina Vargas Aignasse, prometió este jueves, durante la presentación del Diagnóstico de Necesidades Jurídicas Insatisfechas de la Nación, que Tucumán hará su propio estudio. Vargas Aignasse explicó en el Colegio de Abogados de la Capital, institución a la que elogió por su prestigio y a la que dijo pertenecer por su condición de abogada, que su intención era canalizar esta medición permanente por medio de la Dirección de Estadísticas. También comentó que existía un interés al respecto en la comisión legislativa encargada de elaborar el anteproyecto de reforma procesal civil. “(El director nacional Gustavo) Maurino nos metió en esta temática desde el comienzo de la gestión y esperamos presentar nuestro diagnóstico pronto”, anheló.
BILLONE EXPRESÓ QUE EL ACCESO A LA JUSTICIA ES UNA PRIORIDAD PARA SU ENTIDAD INTERMEDIA
Marcelo Billone, presidente del Colegio de Abogados de la Capital, dijo que el acceso a la justicia es prioritario para su institución, y explicó que este consiste en la posibilidad de resolver los conflictos en un tiempo oportuno. Billone añadió el jueves pasado que la falta de respuestas institucionales abonaba la anomia y la violencia. “Hay gente convencida de que no debe obedecer el derecho que le ha dado la espalda”, observó
– LA GACETA