Ediles talareños consideran que ante el caso del intendente Carrasco, que fue similar, la Justicia falló de manera distinta.
Un nuevo capítulo sumó la disputa judicial que mantiene en vilo a la localidad de EL TALAR. Es que a partir de la medida cautelar otorgada por el SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICIA a favor del cuestionado intendente Juan Carlos Ruíz, los integrantes del Concejo Deliberante, en su afán de lograr la destitución y posterior JUICIO POLÍTICO, realizaron ayer una nueva presentación pidiendo a la Justicia que se declare incompetente en el tema y que «no se inmiscuya» en otros poderes del Estado.
Representados por el asesor legal Roberto Moya, el presidente del Concejo Deliberante de El Talar, Cristian Ancheta, y los ediles Alfonsina Jeréz; Maríela Durán y Néstor Ibáñez, respondieron «el traslado conferido el pasado 31 de enero del STJ, cuando se le hizo lugar a la medida presentada por el intendente de El Talar».
En ese sentido, Moya señaló que se está solicitando que se declare incompetente el STJ «para entender en esta cuestión, ya que se considera que no existe un conflicto de poderes». Al tiempo que explicó que el cuerpo deliberativo «actúa de acuerdo a las facultades que le confiere la Ley 4466/89, modificada por la Ley 4947/96 en cuyos artículos 62 y subsiguientes que habla del procedimiento que llevó a cabo el Concejo Deliberante».
«No solo estamos pidiendo el levantamiento de la medida cautelar otorgada al intendente, sino que estamos haciendo hincapié en una reciente sentencia por el mismo STJ, en este caso como la vocalía del doctor (Pablo) Baca de origen radical, decidió no otorgar la medida cautelar para el intendente destituido de Fraile Pintado, Omar Carrasco. En este caso de El Talar, no se actuó de la misma manera porque se le otorga la medida al intendente Ruíz», argumentó Moya.
El representante señaló que con el «STJ tenemos un conflicto jurídico, ya que hay dos sentencias que se han cambiado en menos de 48 horas y que nos da la pauta que existe una justicia para el justicialismo y otra justicia para los radicales. Está en juego la seguridad jurídica», apuntó.
Los ánimos en El Talar
Más allá de la cuestión jurídica, El Talar vive momentos de «consternación», afirmó el presidente del cuerpo deliberativo, Cristian Ancheta. Y remarcó que «el pueblo mismo se está manifestando en contra de esta medida arbitraria que tomó la Justicia sin medir las consecuencias».
«Se está pasando por encima de las decisiones que se tomaron por unanimidad por el cuerpo legislativo de El Talar, y se está violentando la voluntad popular; solicitamos a la Justicia que haya celeridad en la resolución que presentamos», remarcó.
Supuestas irregularidades en el manejo de fondos
Los concejales recordaron algunas de las supuestas irregularidades que han sido denunciadas. En ese sentido, Cristian Ancheta, confió que hay documentación oficial proveída por el Gobierno de la Provincia que revela el depósito y manejo de fondos de la comuna.
Ancheta remarcó que desde la Provincia se «ha respondido a las solicitudes» de información, y «en esos documentos vemos una serie de irregularidades» que han impulsado la denuncia, argumentó.
Explicó que desde el Ejecutivo municipal no se respondían los pedidos de informe realizados por el Concejo Deliberante. «No se sabía a quién se le pagaba, ni en calidad de qué, porque nunca nos respondían los informes», afirmó. Lo que motivó que se realicen los pedidos del caso al Gobierno provincial.
Entre las irregularidades «nos llevamos la doble sorpresa, porque vemos reflejado la falta de criterio en los planes municipales, porque hay planes de 100, 200 y planes de 9.000 pesos. Es decir que en la comuna de El Talar se cobran planes de 9.000, cuando un jornalizado cobra entre 3.500 y 4.500 pesos con carga de familia».
Denunciaron también supuestas irregularidades con el manejo del Fondo Federal Solidario, «comúnmente llamado Fondo Soja, ya que él (Juan Carlos Ruíz) nos decía que no había recibido los fondos en lo que va de su gestión, porque se encontraban embargados, y que estaban a gestionar los oficios. No nos explicó ni quién, ni porqué se encontraban embargados», apuntó Ancheta.
En ese aspecto reveló que en uno de los informes se conoció que sólo el Fondo Soja de diciembre de 2015 sufrió un embargo del 100%, mientras que entre enero y septiembre de 2016, «fue embargado el 20% por parte de la empresa Sonall SRL».
«En total cerca de 640.000 pesos se llevaron en calidad de embargo, pero lo llamativo es que no sabemos dónde está el resto del dinero», cuya cifra rondaría 1,4 millones de pesos.
«Hemos visto muchas cosas que han hecho, pero no hablamos de obras, gustos que se dan ellos», denunció la concejal Mariela Durán.
Pero eso «no lo vemos solamente nosotros, sino que el pueblo también, nosotros cuando hablamos de las cifras dicen «con razón fulano se pudo comprar un caballo de carrera», concluyó Ancheta.
– El Tribuno