Desde el ámbito gubernamental de Rada Tilly se promovería en las próximas horas la presentación de un recurso de amparo para frenar el aumento en la tarifa de agua impulsada en esa localidad por la cooperativa Cooagua, tras las cartas documento remitidas la semana pasada por el intendente y el presidente del Ente Regulador de Servicios Públicos de esa localidad, Pedro Peralta y Luis Juncos respectivamente.
El recurso judicial apuntaría a lograr una medida cautelar para que la institución cooperativa se abstenga de aplicar el incremento tarifario, que ya está consignado en las facturas recibidas este mes por los usuarios del servicio público.
Tal como se informó días atrás, la recepción de las facturas por los consumos del último período motivó la queja de algunos usuarios ante el Concejo Deliberante y el Municipio, al detectar un incremento en el precio del metro cúbico de agua.
Según pudo verificarse a partir de los valores determinados en la nueva factura, el incremento del precio es del orden del 35 por ciento sobre la unidad de medida que es el metro cúbico de agua, es decir mil litros, pasando de 69 centavos en la tarifa anterior a 95 centavos en los nuevos instrumentos de cobro.
Esa primera constatación motivó una carta documento desde el Ente Regulador de Servicios Públicos, que es el encargado de entender en materia de prestaciones de servicio y sus respectivas tarifas. Lo mismo hizo el titular del Departamento Ejecutivo, en tanto el Municipio tiene la potestad, a través del mencionado Ente, de prestar conformidad a cualquier modificación tarifaria, según los términos del artículo 63 del Código de Aguas de la Provincia.
Como el aumento aplicado no siguió el carril de discusión y análisis dentro del Ente, el planteo formulado a través de la primera intimación administrativa sostiene que la tarifa se ha modificado en forma unilateral y arbitraria, por fuera del marco legal.
Ante la falta de respuesta efectiva, desde el ámbito gubernamental se habría resuelto avanzar con un planteo judicial, a través de la presentación de un recurso de amparo, en el que se buscará que un juez dicte una medida cautelar que frene la aplicación del aumento. Al menos esa medida tendrá vigencia hasta tanto se resuelva si la cooperativa tiene potestad para aplicar por sí sola el aumento o si, como sostiene el municipio, éste es de carácter irregular por no haber seguido el camino normativo vigente.
De este modo, será el ámbito judicial el encargado de resolver la controversia planteada por el incremento de la tarifa del servicio público, por lo que la duda sigue planteada para los usuarios en torno a las facturas recibidas con el nuevo valor tarifario y el modo en que se resolverá luego si pagan un aumento cuya legalidad está siendo puesta en tela de juicio.
– Crónica Digital